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Esta función se cumple, de igual forma, en la actualidad, desempeñando un relevante papel, desde el punto de vista económico y jurídico, no solo por la importancia de las infraestructuras de transporte, en el desarrollo regional y nacional, y por la trascendencia de las inversiones que genera; sino por la necesidad de establecer un sistema jurídico coherente y unificado, que tenga presente la internacionalización del fenómeno y la necesaria adecuación de los ámbitos legislativos internos e internacionales.

La importancia económica y social del transporte justifica, al igual que sucede en otras actividades relevantes, una reseñable intervención administrativa en el establecimiento de su marco jurídico, en el control de la actividad, en el desarrollo de las infraestructuras, etc. La misma se acusa, especialmente, en el transporte aéreo y terrestre, quizá por la consideración, sobre todo en este último, de algunas de sus modalidades como servicio público o servicio de interés general. Este carácter o tinte ius publicista, traducido en un elevado número de disposiciones legales de Derecho administrativo, no siempre se coordina adecuadamente con las de carácter mercantil, reguladoras de una actividad esencialmente privada.