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La pérdida de competitividad del sector y las políticas comunitarias orientadas a la creación de un Mercado Único Ferroviario Europeo, provocaron un importante cambio en este sentido, y generaron la adopción de un considerable número de disposiciones legales cuya finalidad no era otra que la liberalización del transporte ferroviario. Se planteaba la necesidad de contar con una industria ferroviaria competitiva y de potenciar su empleo en el transporte de mercancías, siendo necesario acabar con la etapa de monopolios y de consideración de este tipo de transporte como un servicio público. Para ello, se hacía imprescindible separar, por un lado, la infraestructura; por otro, el servicio; y, por último, el control, pues no puede olvidarse, como acertadamente se ha apuntado, que la concepción clásica del servicio público conculca no solo las cuatro libertades comunitarias, sino las exigencias establecidas por el Derecho Europeo de la libre competencia.

Se pretende, por otro lado, lograr la convivencia perfecta entre la liberalización del sector y las garantías en cuanto a la seguridad y calidad en la prestación de los servicios de transporte ferroviario, intentando, además, que realización de dicha actividad en régimen de libre competencia no genere una elevación de los costes que han de satisfacer los viajeros.

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