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La primera norma comunitaria, en este sentido, fue la Directiva 91/440/ (CEE), de julio, sobre desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, que sin pronunciarse sobre si los servicios de transporte debían ser de titularidad pública o privada, impuso la separación contable de las infraestructuras y de los servicios. A ella siguieron la Directiva 95/18/(CE), del Consejo, de 19 de junio, sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y la Directiva 95/19/(CE), de 19 de junio, sobre la adjudicación de las capacidades de las infraestructuras ferroviarias y la fijación de los correspondientes cánones de utilización.

A pesar de la importancia de estas disposiciones, no tuvieron el efecto deseado, por lo que se aprobó el Primer Paquete ferroviario, formado por cuatro directivas que tenían como objetivo primordial la regulación de las infraestructuras ferroviarias y facilitar que las empresas que quisieran operar en el sector del transporte ferroviario pudieran acceder a dichas infraestructuras en condiciones de igualdad, transparencia y objetividad, garantizando, en todo caso, la seguridad del transporte ferroviario (son las Directivas 2001/12/(CE), 2001/13/(CE), 2001/14/(CE) y 2001/16/ (CE), todas ellas de 26 de febrero).