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La razón de ser de la excepción de ilegalidad es permitir a los demandantes no privilegiados impugnar una disposición normativa compensando en cierta medida las dificultades que encuentran para interponer un recurso de anulación contra los actos normativos de alcance general. Es esta una característica que también comparte con la cuestión prejudicial en apreciación de validez.

La invocación de la excepción de ilegalidad en el marco de un proceso sustanciado ante el TJUE pretende lograr la inaplicabilidad del acto contra el que se invoca, de modo que tal inaplicabilidad despliegue sus efectos sobre el litigio principal. Se evitará, así, que tal acto, que cuenta con alguno de los defectos a que se refiere el artículo 263 del TFUE, pero que no ha sido anulado a través del pertinente recurso, resulte aplicado. La excepción de ilegalidad se convierte de este modo en un instrumento que sirve para controlar la legalidad de los actos de las instituciones y que se suma a los otros tres instrumentos que comparten esta función en el sistema jurisdiccional de la UE: el recurso de anulación, el recurso por omisión, y la cuestión prejudicial en apreciación de validez, de la que nos ocuparemos enseguida.