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Mención destacada merece la STC 170/2013, referida a la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones por la intervención empresarial de comunicaciones electrónicas, fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico.

La controversia a resolver versaba sobre la necesaria delimitación de bienes e intereses de relevancia constitucional en el marco de las relaciones laborales: los derechos del trabajador a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (arts. 18.1 y 18.3 CE) y el poder de dirección del empresario. El TC llega a la conclusión de que, como quiera que el correo electrónico facilitado por la empresa al trabajador sólo podía utilizarse para fines profesionales, estando prohibido su uso extralaboral, la empresa tenía la facultad de controlar su utilización, al objeto de verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la adecuación de su prestación a las exigencias de la buena fe.