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La derogación expresa presenta mayores garantías desde el punto de vista de la seguridad jurídica, al eximir al intérprete de la aplicación de los anteriores criterios o reglas. Esta forma de derogación puede, a su vez, manifestarse de dos maneras: mediante la inclusión de una lista de las normas derogadas o una tabla de vigencias y mediante la mención expresa de que tal precepto pasa a tener una nueva redacción (el art. X de la Ley Y quedará redactado de la siguiente manera).

La actual LGT, incorporando el criterio ya expresado en la Ley de Derechos y Garantías de 1998, ordena la combinación de ambas técnicas de derogación expresa: las leyes y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas y la nueva redacción de las que resulten modificadas.

Con todo, debe advertirse que, pese a este precepto, la práctica de las derogaciones implícitas no puede ser excluida: corresponde al intérprete determinar cuál es el derecho aplicable en los casos en que una norma introduce una regulación incompatible con la contenida en otra anterior. Los criterios a tener en consideración para arbitrar en estos casos son los que se han ido decantando en la teoría general de la norma jurídica y sobre los cuales no parece necesario entrar en detalles (lex posterior derogat legem anteriorem, lex specialis derogat legem generalem…).