Читать книгу Derecho Financiero y Tributario. Lecciones de cátedra онлайн

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Por lo que respecta a los gastos públicos, el principio de reserva de ley se recoge en los artículos 66.2, 133.4 y 134.1 CE. El artículo 66.2 CE dispone que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos...». El artículo 133.4 establece que «las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes». Y finalmente, el artículo 134.1 CE preceptúa que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación».

El significado de este principio de legalidad tiene una doble dimensión: normativa, lo que supone que la regulación de la materia financiera debe hacerse mediante ley –principio de reserva de ley–; y aplicativa, lo que comporta el sometimiento al control de legalidad de la actuación administrativa en materia financiera –principio de legalidad administrativa–. El principio de reserva de ley en el ámbito jurídico financiero se justifica, por la relevancia para el ciudadano de las decisiones sobre los ingresos y gastos públicos, razón por la cual han de ser reguladas por las normas jurídicas emanadas del órgano legislativo de máxima representación ciudadana.