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La mediación se realiza sea por instancias institucionales, sea por personalidades independientes, sea por altos funcionarios de la Oficina durante misiones y entrevistas más o menos formales. Obedece a unos principios fundamentales, al primer rango de los cuales figura la protección, al mismo nivel que en un proceso judicial, de los derechos de la defensa: el Estado que se defiende debe así gozar de la posibilidad de replicar al último en el intercambio de argumentos entre las partes. Cuando sobreviene un problema serio, la Oficina juzga oficial o informalmente un más claro rol de mediador. Privilegia en primer lugar los contactos oficiosos que deberían permitir encontrar una solución sin empezar o perseguir un procedimiento oficial en violación. El comportamiento seguido por las personalidades que son encargadas de eso tiene muchos de los códigos éticos de conducta practicados por los mediadores y los conciliadores nacionales: rapidez y de una vez serenidad, imparcialidad y respeto de la igualdad de las partes, conocimiento en profundidad de los expedientes, sensibilidad a las exigencias de la buena gobernanza. El punto es resolver, de acuerdo a las normas concernidas y de un modo aceptable para cada una de las partes, problemas a menudo complejos y delicados.