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Este régimen de subsanación será, asimismo, aplicable a las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2, hayan ejercitado su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate.

Cuando se trate de una solicitud de iniciación del interesado, la fecha de la subsanación se considerará a estos efectos como fecha de presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 68.4 de dicha ley”.

El primer párrafo es posiblemente el de interpretación más pacífica, pues se limita a reconocer la posibilidad de subsanación del error en el cauce de comunicación elegido cuando existe obligación legal de relación por medios electrónicos. Lo hace tanto para solicitudes como para actos de trámite, fijando un plazo de 10 días para llevar a cabo la subsanación y también establece los efectos jurídicos de la falta de subsanación (desistimiento de la solicitud y decaimiento del derecho al trámite).