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Este reconocimiento de la seguridad jurídica en el texto constitucional conecta la dimensión estructural con la funcional, de tal modo que la sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico de la ciudadanía y los poderes públicos (art. 9.1 CE) conecta con la exigencia de seguridad jurídica del art. 9.3 CEssss1. Además, la Constitución dota a la seguridad jurídica de rango constitucional y ello implica el carácter vinculante para todos los poderes públicos, especialmente el poder legislativo. Y esto supone una importante consecuencia “la supremacía del Derecho sobre el poder. Pero cómo podemos observar el citado precepto alude no sólo a la legalidad stricto sensu sino, además, a la noción más global de ‘seguridad jurídica’; noción que, a su vez, es omnicomprensiva de las relaciones jurídicas existentes entre el Estado y los ciudadanos o exclusivamente entre los particulares”ssss1. En este punto, UGARTEMENDIA acuña la expresión “parametrización” constitucional de la seguridad jurídica, considerando que en nuestro ordenamiento la seguridad jurídica se configura como principio fundamental que actúa como “parámetro de legalidad (constitucional) de todas las normas o actos normativos, pues todas las demás fuentes normativas, están subordinadas a la Constitución”ssss1.

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