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Sin perjuicio, por supuesto, de otras posibles, tres reflexiones principales merecen, a mi juicio, la regulación legal de estas Estrategias: la primera relativa a la misma elección de esta clase de instrumento, la segunda, a su articulación con eventuales instrumentos similares de ámbito autonómico, y la tercera, al papel de la Estrategia ya existente con anterioridad a la aprobación de la ley.

No creo exista en Derecho español una tipología estándar de los instrumentos de planificación. De todas formas, la expresión “estrategia” suele asociarse con un instrumento de planificación a largo plazo y previsiones más bien genéricas, en contraposición a la de “plan”, que, tenga o no un carácter normativo (cuestión aquí no problemática, pues las estrategias de transición justa carecen claramente de ese carácter), se suele poner en relación con instrumentos de planificación a más corto plazo y comprensivos de actuaciones concretas. Sin ir más lejos, a estos planteamientos y a esta terminología responden los dos principales instrumentos de planificación previstos por el Reglamento de Gobernanza (arts. 3 y 15) y reflejados en la ley (arts. 4 y 5): las Estrategias de descarbonización a largo plazo (con una perspectiva de 30 años) y los Planes nacionales integrados de energía y clima (de periodicidad decenal)ssss1.