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No está clara la razón de ser de la elección de esta cifra de siete años, que apareció por primera vez en el proyecto de ley remitido a las Cortes, aunque quizás se haya querido hacer coincidir la vigencia de los convenios de transición justa con la duración de los marcos presupuestarios plurianuales de la Unión Europea, que es también de siete años, dada la importancia que en la práctica han de tener los fondos europeos en su financiación.

Con razón, la LCCTE presta especial atención a la supervisión de la aplicación y efectividad de los convenios, aspecto éste descuidado en la ejecución de los anteriores planes del carbón y cuya importancia fue resaltada por el Tribunal de Cuentas en su informe en la materiassss1. A este propósito, y siguiendo de nuevo el modelo francés, responde la exigencia de que el contenido de los convenios incluya “objetivos medibles” y “un calendario para la adopción de las medidas”ssss1, además de los habituales “mecanismos de seguimiento” [art. 28.3, letra d)]ssss1.