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2.2.1. La posición del Tribunal Constitucional
Muy sintéticamente, la posición que mantiene el Tribunal Constitucional gira alrededor de diversas consideraciones que concluyen en una degradación de la protección de los derechos fundamentales cuando la prueba se obtiene mediante una vulneración de éstos.
Mantiene el Tribunal Constitucional, aunque luego contradiga su afirmación, que la interdicción constitucional del uso de las pruebas ilícitas tiene un fundamento constitucional, posee este rango, pues no niega expresamente que constituye una garantía objetiva derivada de la posición preferente de los derechos fundamentales.
A la vez y coherentemente con lo que ya disponía la STC 114/1984 (RTC 1984, 114), reitera que la regla de exclusión no puede derivar del contenido esencial de los derechos fundamentales, materiales, que no procesales, vulnerados. Por el contrario, la misma se encuentra implícita en la posición preferente que aquellos ostentan en la Constitución, que hace necesaria su salvaguarda de modo especial.