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En la jurisprudencia inglesa, esta regla se concreta en diversos aspectos que, de alguna manera, circunscriben el análisis de la real incidencia en el proceso a criterios que, aun siendo generales y abiertos, tienen en cuenta elementos que inciden en la labor judicial al analizar el caso concreto.

Como sostiene CUADRADO SALINAS, en Inglaterra y Gales, la admisión o exclusión de una prueba obtenida ilícitamente se regula en el artículo 78 (1) de la Police and Evidence Act, aprobada en 1984 aunque entró en vigor en 1986, pasando a ser denominada por la doctrina científica como “la primera y más moderna ley procesal aprobada por el Parlamento”. El tenor literal de dicha sección establece que “En cualquier tipo de proceso, el tribunal podrá inadmitir la prueba propuesta por la acusación y de la que intenta valerse, si el tribunal, habiendo considerado todas las circunstancias, incluidas aquellas en las que la prueba fue obtenida, entiende que su admisión conllevaría tal efecto adverso sobre el debido proceso que no debió haberla admitido”.