Читать книгу Debates jurídicos de actualidad онлайн

137 страница из 233

F. El Título XXI contiene delitos que en otros Códigos europeos están en lugares diferentes. Pero eso no es, en principio, grave, pues también en otros Códigos se ubican como delitos contra el Estado de Derecho actos que, como la usurpación de funciones públicas, nuestro Derecho trata como delito relativo a la función pública. Ese es el mejor camino: todo lo que pueda ser excluido de la categoría de atentado al orden constitucional redunda en favor de dar a ese grupo la importancia máxima.

G. Mención separada requiere la eventual recuperación del delito de convocatoria ilegal de referéndum, que ya existió y cuya desaparición, según muchos, propició los sucesos de Cataluña en el otoño de 2017. Respecto de ello se pueden tomar dos posturas: entender que basta con la figura común de prevaricación en unión de la impugnación constitucional o contencioso-administrativa, o bien entender que ha de tratarse como un intento (inidóneo) de separar una parte del territorio nacional, y por ese motivo ha de ser criminalizado. Podría aceptarse la tipificación, incluyendo como condición objetiva de punibilidad la efectiva puesta en marcha del proceso de votación a pesar de su suspensión judicial, ahora bien, la fundamentación jurídica no debería ser el intento de separar una parte del territorio, pues ese “contenido de antijuricidad” daría pie a muy variadas interpretaciones sobre la ofensividad, sino exclusivamente sobre la deslealtad constitucional que existe al margen de la inviabilidad de la vía del referéndum ilegal.