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Sin embargo, el riesgo de fuga, que había desaparecido de las resoluciones de los tribunales desde el auto de noviembre de 2017, vuelve a aflorar en el auto de procesamiento de 21 de marzo de 2018, a partir de la ponderación de la gravedad de la pena y de la proximidad del enjuiciamiento y, en palabras del instructor, “de otra pluralidad de factores”, a saber: (i) el claro desprecio de los procesados al acatamiento de las decisiones de la autoridad judicial, (ii) su pertenencia a un amplio colectivo que se solidariza con su causa por compartir las motivaciones que llevaron a los procesados a cometer sus delitos y “que cuenta con estructuras asociativas organizadas, asesoramiento legal especializado, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como con armazones internacionales desarrollados en los últimos años para la defensa de sus planteamientos y en condiciones de prestar soporte”, y (iii) el compartir propósito con encausados que han buscado refugio en terceros países “con sustento económico y organizativo”.