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El aforamiento supone la atribución competencial al órgano competente tan pronto se constate la condición del imputado como aforado.

Debe distinguirse entre los supuestos en que los hechos han de cometerse en el ejercicio del cargo (v. gr. Jueces, Magistrados y miembros del Ministerio Fiscal), de los demás supuestos en que el aforamiento lo determina únicamente la condición del inculpado, con independencia de que el hecho se haya cometido o no en el ejercicio del cargo. También hay que tener en cuenta los requisitos de procedibilidad en determinados supuestos, como son el suplicatorio para Diputados o Senadores o la autorización del art. 102 de la CE para Presidente y miembros del Gobierno por delitos contra la seguridad exterior del Estado.

Por último, hay que subrayar que el aforamiento finaliza cuando cesa en el cargo la persona aforada, a salvo de supuestos excepcionales (v. gr. arts. 11 y 22 de los Reglamentos del Congreso y del Senado).

En orden a los supuestos de procesos penales en trámite en que se cesa en la condición de aforado, se viene aplicando pacíficamente la doctrina recogida en la STS de 21 de marzo de 1984 que expresa que «el fuero va unido al cargo, de modo que despliega su eficacia desde que se accede a él hasta que se cesa en el mismo» o lo que es lo mismo «el fuero por delito fenece con el cargo», por lo que el proceso penal debe ser remitido al Juzgado competente para el conocimiento del asunto, como si se tratara de una persona no aforada. La excepción a la regla general expuesta es que, al ocurrir el cese, se hubiera ya dirigido el procedimiento contra la persona aforada, encontrándose el procedimiento en la fase plenaria». Esta interpretación encuentra apoyo en la sentencia del TC de 11 de febrero de 1997, que añade dicha excepción sería inaplicable, debiéndose devolver los autos al Juzgado pertinente del lugar de comisión del delito, cuando el supuesto delito no tuviese relación con el ejercicio de dicho cargo.