Читать книгу El fascismo de los italianos. Una historia social онлайн

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La ley para la defensa del Estado entraba en vigor en diciembre de 1926 y reintroducía la pena de muerte (abolida por el Código Zanardelli en 1889) por atentados a los exponentes de la familia real y al jefe del Gobierno y por graves delitos contra la seguridad del Estado. En 1931 la pena de muerte fue públicamente defendida por el mismo Mussolini en la ya recordada entrevista que dio al periodista alemán Emil Ludwig. El jefe del fascismo la consideraba un válido instrumento de disuasión, adoptado por los estados más modernos y civiles como Alemania, Francia e Inglaterra. La pena fue extendida, gracias al nuevo Código Penal Rocco, también a los más graves delitos comunes. La legislación de 1926 castigaba, además, la reconstitución de asociaciones y de organizaciones disueltas por orden de las autoridades de policía y la propaganda de métodos y doctrinas por ellas profesados. Por último, quienes se implicaban en el extranjero en actividades adversas al régimen podían ser castigados con la reclusión desde un mínimo de cinco años hasta un máximo de quince. Los crímenes políticos eran juzgados por un tribunal creado ad hoc, especial pues, formado en su mayor parte por jueces provenientes de la MVSN. Una serie de leyes, llamadas «fascistísimas», acentuaron el éxodo hacia el extranjero y al mismo tiempo sugirieron la actividad interna ilegal del Partido Comunista y la fundación de nuevos grupos de oposición, especialmente los de inspiración socialista, republicana y democrática, expresión esencialmente de intelectuales y profesionales que se habían reunido en círculos y grupos conspiradores en las ciudades universitarias de Florencia, Milán y Turín. Algunos de ellos en 1929 darían vida a la formación Giustizia e Libertà.