Читать книгу El fascismo de los italianos. Una historia social онлайн

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El aparato de represión empezó a obtener los primeros éxitos en la interceptación y en el arresto de opositores por parte de la policía política, conocida con el nombre de OVRA, y con condenas durísimas impartidas por el tribunal especial. El proceso (conocido como processone), que tuvo lugar entre mayo-junio de 1928, casi diezmó la dirección del Partido Comunista con condenas de al menos veinte años de cárcel; entre los condenados se encontraba Antonio Gramsci, que fue arrestado en Roma el 8 de noviembre de 1926 y fue preso en la dura cárcel de Turi, cerca de Bari, de la cual saldría enfermo, en estado de semilibertad, para morir el 27 de abril de 1937. Pero fue sobre todo en la primera mitad de los años treinta, en el momento en el que la crisis económica desencadenó manifestaciones y huelgas espontáneas de protesta entre los trabajadores de la industria agrícola, cuando el Partido Comunista, con la creación en junio de 1930 de un centro operativo interno, e inmediatamente después los nuevos cuadros socialistas y de Giustizia e Libertà retomaron las actividades de conspiración. Entre 1927 y 1943 el tribunal especial investigó a alrededor de 21.000 personas y dictó 4.596 condenas a 5.619 imputados, la mayor parte obreros y artesanos (3.898), seguidos por los agricultores (546) y por los profesionales, los estudiantes y los empleados del terciario. Los procesos comenzaban gracias a los informes escritos por un sinfín de policías, infiltrados, espías y delatores en Italia y en el extranjero que inflaban los expedientes personales de miles de sospechosos que eran recogidos en el Casellario Politico Centrale del Ministerio del Interior (un registro general de la policía), fundado en la época liberal y potenciado bajo el fascismo. Los años de mayor operatividad del tribunal fueron 1928, 1931 y 1939. Respecto a la acción represiva del nazismo, fueron pocas las condenas a muerte y sobre todo las realmente efectuadas: nueve entre 1928 y 1933, ninguna en la segunda parte de los años treinta, es decir, en los años de mayor búsqueda de consenso, pero veintidós en los años de la guerra, entre 1940 y 1943. Los juicios fueron particularmente severos con los anarquistas y con los nacionalistas eslavos de Venecia Julia, con cinco de las nueve condenas a muerte, en 1929 y en 1930, a irredentistas eslovenos. Las otras cuatro condenas fueron ejemplares y fueron infringidas a disidentes aislados sobre la base de una auténtica obsesión de las autoridades de policía y judiciales por los posibles actos terroristas preparados por centrales extrajeras antifascistas y por atentados a la vida de Mussolini. El sardo Michele Schirru, recién llegado de Estados Unidos, y el belunés Angelo Sbardellotto, repatriado de Bélgica, fueron condenados a la pena capital solo por la posesión de explosivos y por haber admitido, durante los interrogatorios, la intención de asesinar al dictador, sin de hecho haber puesto en práctica su propósito. En los primeros años del régimen fueron registrados casos de violencia y de ejecución sumaria de los opositores recluidos, como la misteriosa muerte en marzo de 1928 en la cárcel de Perugia del comunista forlivés Gastone Sozzi. Algunas prisio nes se habían ganado la fama de ser particularmente peligrosas por las acciones cometidas en ellas por los escuadristas, como la cárcel de Bolonia, al menos mientras estuvieron bajo la tutela del secretario provincial Arpinati y de sus fanáticos gregarios. Con los años treinta, estos casos fueron reduciéndose progresivamente gracias a la reorganización de las competencias carcelarias devueltas a los funcionarios de carrera, y también porque el fascismo se había hecho más cauto y atento a no suscitar la reacción de la opinión democrática internacional, puesta en alerta por una serie de campañas promovidas por la prensa antifascista en el extranjero y por organizaciones como la Liga italiana, que reunía a la Ligue des Droits de l’Homme francesa y el Soccorso Rosso alle Vittime del Fascismo e delle loro Famiglie, promovido por la Tercera Internacional Comunista. A partir de 1932 los detenidos políticos fueron así destinados solo a tres cárceles: a la de Civitavecchia, a la de Fossano y a la de Castelfranco Emilia (con parada también en el IV brazo de la cárcel de Roma).

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