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En la realidad profesional podemos encontrar supuestos claros de laboralidad o extralaboralidad. Pero existen también algunas “zonas grises” en las que la calificación jurídica resulta más complicada ya que pueden aparecer prestaciones de servicios con apariencia fuertemente análoga a la del contrato de trabajo. A tal efecto, el art. 1.3 ET proporciona un listado de actividades excluidas del ordenamiento laboral.

Se excluye del ámbito laboral la prestación de servicios de los funcionarios públicos, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y las Entidades Públicas Autónomas cuando, al amparo de la ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias (art. 1.3.a ET).

Tradicionalmente, se ha atribuido a la Administración la potestad de fijar las condiciones de trabajo de los funcionarios, debido a la participación de éstos en el ejercicio de las potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado. Actualmente, sin embargo, puede apreciarse una identidad casi total entre la prestación de un funcionario y de un empleado laboral al servicio de la Administración, por lo que la exclusión obedece más a razones históricas y de oportunidad política. Nos encontramos, pues, ante una exclusión por voluntad del legislador, que no viene determinada por la ausencia de las notas características del contrato de trabajo y ello explica, probablemente, que, a pesar de lo dispuesto por el art. 1.3.a) ET, se apliquen a los funcionarios otras normas laborales como la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). Igualmente, el RDLeg. 5/2015 que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ya recoge un cuerpo de disposiciones comunes para funcionarios y personal laboral y realiza una aproximación significativa de las previsiones de ambos colectivos.