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El carácter provisional de la legislación aprobada por Decreto-ley conduce directamente a su inmediata revisión parlamentaria, pero sólo por el Congreso, en el plazo de 30 días desde su promulgación. Si las Cortes estuvieran disueltas las facultades de revisión las asume la Diputación Permanente del Congreso. El Congreso debe someter el texto del Decreto-ley a debate y votación de totalidad, debiendo adoptar dentro de dicho plazo alguno de los siguientes pronunciamientos: convalidación, derogación o tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (artículo 86.2 y 3 CE). Sin embargo, se ha impuesto como práctica usual, regulada en el artículo 151 del Reglamento del Congreso y sancionada por el TC (SSTC 29/1982, de 31 de mayo (RTC 1982, 29) y 60/1986, de 20 de mayo [RTC 1986, 60]), la de convalidar los Decretos-leyes y al mismo tiempo acordar su tramitación como proyecto de ley, lo que permite introducir enmiendas al texto. El resultado final será, una vez aprobada por el Parlamento, una nueva ley que sustituirá, derogándolo, al Decreto-ley inicialmente convalidado.