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Pues bien, hecha la aclaración sobre el sentido del precepto, nos podemos preguntar sobre su contenido. Y llegados a este punto, hay que hacer dos observaciones. Primera: que la lista del artículo 8 LGT mezcla elementos diversos. Junto a materias que cabe entender derivadas del mandato constitucional del artículo 31.1 CE [las citadas en las letras a), con alguna salvedad, b), c), d), e) y k)], aparecen otras cuyo fundamento constitucional hay que buscarlo en otros puntos, en otras reservas de ley establecidos en el propio texto constitucional. Es lo que sucede, en primer lugar, con la letra g), relativa a infracciones y sanciones, cuyo fundamento es la reserva de ley en materia penal y sancionadora, en general, recogida en el artículo 25 CE. En cuanto a las materias contenidas en las restantes letras, relacionadas con la regulación de elementos esenciales de los procedimientos tributarios, su base constitucional es también diferente de las del principio de legalidad tributaria: se trata de la reserva de ley para la regulación del procedimiento administrativo (del que los tributarios son una especie) recogida en el artículo 105, letra c) CE. Sobre este punto insistiremos al tratar de los procedimientos de aplicación de los tributos.