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Como aspecto cuestionable de la nueva regulación aparece la nula atención dispensada a las exigencias de calidad reclamadas por la Directiva a la hora de prestar el servicio. Merece la pena recordar que uno de los aspectos más meritorios de la Directiva era la apuesta que hacía el legislador europeo por su calidad. Lejos de limitarse a proclamar formalmente esta exigencia, daba un paso más en la línea de avanzar en derechos concretos y efectivos preconizada por el TEDH, ampliando de manera significativa las responsabilidades de los Estados miembros más allá de la mera designación de intérprete, mediante la adopción de dos mecanismos que implicaban la atribución de obligaciones positivas.

De una parte y de forma preventiva, con la exigencia de que adoptaran medidas de control en relación con el nivel de cualificación que se les haya de exigir y la creación de un registro o registros de traductores e intérpretes independiente y debidamente cualificados, accesible a los abogados o autoridades pertinentes.