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Como indica Campaner Muñoz, semejante decisión, comprensible desde la perspectiva casacional, hace un flaco favor a la implantación, consolidación y desarrollo del derecho a la traducción que Europa trata de fomentar, pues en lugar de generarse una cultura de jueces y magistrados sometidos (únicamente) al imperio de la Ley por mandato constitucional (art. 117.1 CE) parece que estarían autorizados a infringir la legalidad ordinaria siempre que ello no llegara a producir (¿o no pudiera acreditarse?) una indefensión material derivada de tal infracciónssss1.
III. Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y su implementación en España por Leyes Orgánicas 5/2015 y 13/2015 y por Ley 3/2018
Dos años después, se aprobó la segunda de las Directivas de armonización, centrada sobre la medida B del Plan de trabajo, que establece normas mínimas comunes dirigidas facilitar de manera inmediata al sospechoso, información básica sobre sus derechos procesales y sobre los hechos que se le atribuyen (con particular atención al detenido); y al acusado, información detallada sobre el contenido de la acusación. En uno y otro caso, de forma instrumental, complementado con el derecho de acceso a los elementos esenciales del expediente que obren en poder de las autoridades competentes y resulten fundamentales para impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención y el derecho de acceso a los documentos y pruebas materiales la antelación necesaria para permitir el ejercicio del derecho de defensa.