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Pues bien, el riesgo de reiteración delictiva es lo que ha sustentado en esencia el mantenimiento en prisión de los investigados por la causa especial del Procés, y se reiteran argumentos en casi todos los autos relativos a esta medida cautelar, añadiendo el criterio de la gravedad de los delitos que, si bien no puede justificar por sí misma la prisión, es elemento relevante en la valoración de la reincidencia (STEDH de 14 de abril de 2015, caso Gawrecki contra Polonia [TEDH 2015, 50]).

En el ATS (Sala de lo Penal) de 4 de diciembre de 2017 (RJ 2017, 5152), el instructor sostiene que la medida se justifica constitucionalmente por la “probabilidad de que el investigado pueda reincidir” y por “el peligro o la lesividad que podría sobrevenir si la reiteración finalmente acaece”, de modo que cuanto más relevante sea el bien jurídico amenazado y más irreparable sea el resultado de la acción, “más razonable resulta que la evaluación del pronóstico se adelante y prevenga, aun cuando –es evidente– nunca puede llegar a prescindirse de la existencia de unas premisas objetivas que vetan la restricción del derecho a la libertad por meros augurios o presentimientos”.