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Precisamente para evitar la arbitrariedad debe exigirse un control judicial en cualquier restricción que viniera impuesta; respecto del “derecho de todo individuo a presentarse como candidato en las elecciones y, una vez elegido, a ejercer su mandato [STEDH de 11 de junio de 2002 (asunto Selim Sadak y otros c. Turquía, § 50)], el control ‘se limita esencialmente a verificar la ausencia de arbitrariedad en los procesos internos que conducen a privar a un individuo de la elegibilidad [SSTEDH de 19 de octubre de 2004 (asunto Melnitchenko c. Ucrania, § 57) y Zdanoka c. Lituania, citada, § 115)]’. [SSTEDH de 30 de junio de 2009 (asunto Etexeberría y otros c. España, § 50) y de 7 de diciembre de 2010 (asunto Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca c. España, § 51)]”.

Entiende el TEDH en la sentencia de 20 de noviembre de 2018, caso Dermitas contra Turquía (JUR 2018, 315864) que el CEDH “no prohíbe per se la aplicación de la medida de prisión provisional y su mantenimiento a un diputado o a un candidato a elecciones parlamentarias, por lo que su adopción no constituye automáticamente una violación del art. 3 del Protocolo n.° 1 al Convenio, aun cuando la prisión provisional se considere contraria al art. 5.3 CEDH. En caso de que la medida en cuestión constituya una injerencia en el ejercicio de los derechos del demandante del art. 3 del Protocolo núm. 1, tal injerencia no constituirá una violación del citado art. 3 cuando satisfaga los requisitos del principio de legalidad, persiga una finalidad legítima, como puede ser el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las actuaciones penales entabladas contra el diputado o candidato detenido, y respete las exigencias del principio de proporcionalidad (§§ 231, 233 y 237)”. Para ello deberá controlar (i) la existencia de un recurso, (ii) la duración de la privación de libertad y sus consecuencias y (iii) la consideración de medidas alternativas y menos gravosas que la prisión (§§ 231 y 239).

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