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En definitiva, el Tribunal Supremo se sirve del déficit normativo para rechazar la aplicabilidad de medidas alternativas a la prisión.

La incidencia de la prisión provisional en el derecho de representación política ha sido abordada también en un voto particular a la STC 155/2019 (RTC 2019, 155), firmado por los magistrados Valdés, Xiol y Balaguer. Se apunta que (apartado 4.II) este derecho “en su dimensión institucional no se satisface con la mera posibilidad de ejercicio del voto en las cuestiones sometidas a deliberación, sino con la plena participación en el proceso deliberativo y decisorio”, lo que exige tanto que “el cargo representativo sea ejercido personalmente y no por delegación”, como que “el ejercicio personal del cargo lo sea de modo presencial y concentrado en las cámaras legislativas a los efectos de hacer efectiva una democracia parlamentaria deliberativa”; toma como referencia la STC 19/2019, de 12 de febrero (RTC 2019, 19), donde se afirma que “el ejercicio personal del cargo público representativo es una exigencia que deriva del propio carácter de la representación que se ostenta, que corresponde únicamente al representante, no a terceros que puedan actuar por delegación de aquel”, y se declara que “como regla general, las actuaciones parlamentarias han de ejercerse de modo presencial. La presencia de los parlamentarios en las cámaras y en sus órganos internos es un requisito necesario para que puedan deliberar y adoptar acuerdos” [F. J. 4.A)].