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Desde luego que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo optó en este caso por la prisión provisional, sin analizar las consecuencias que los hechos produjeron, y sin plantearse que se podían adoptar otras medidas que minimizaran la afectación del derecho de representación política.

El Tribunal Supremo ha rechazado todas las alternativas, desde la prisión domiciliaria, las fianzas, las firmas diarias, el control policial, los dispositivos de rastreo, etc., prefiriendo inclinar la balanza hacia la seguridad que supone mantener la privación de libertad en un centro penitenciario. Claro que con el investigado en prisión no hay opción de reiteración delictiva, pero tampoco hay opción de ejercer la representación política ganada de acuerdo con la Ley electoral que, en este caso, no produce efecto alguno en la situación personal de quien ha obtenido un respaldo ciudadano en elecciones libres, pilar esencial de la democracia representativa.

VIII. A modo de conclusiones

La privación de libertad de los investigados durante la causa del Procés en el Tribunal Supremo se ha ido ordenando o confirmando en extensas resoluciones judiciales que se sustentaron en las diferentes causas legales que justifican esta medida cautelar, pasando sucesivamente a fundarse bien en unas o en otras, como se ha visto.

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