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Aunque formalmente al inicio del procedimiento las resoluciones se anclaron en el riesgo de fuga, por resolución del Juzgado Central de Instrucción, esta causa fue desechada luego en el Tribunal Supremo por el magistrado instructor, que no obstante algo más tarde volvió a basar su decisión en el riesgo de fuga al dictar el auto de procesamiento. Sin embargo, la causa de la reiteración delictiva es la que ha servido para mantener la prisión provisional de quienes resultaron finalmente condenados; pero la justificación de esa causa dista mucho de aparecer de un modo jurídicamente suficiente, pues de acuerdo con los fundamentos de las resoluciones parece que en el fondo de la decisión afloran razones ajenas a la medida cautelar, como la de calmar la alarma social que, tanto en Cataluña como en el resto de España, sin duda produjeron los hechos que se estaban investigando en la causa.

Tampoco los autos de prisión provisional han atendido a los efectos que en el derecho fundamental a la participación política (al sufragio activo y pasivo del artículo 23 CE) provoca la situación de privación de libertad, sin considerar cualquier posible alternativa a la medida de prisión provisional.