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Pero, no es este el lugar para entrar a valorar lo que puede ser ley, la nueva norma procesal penal, sino las resoluciones del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que, sin base legal suficiente, han incorporado una nueva filosofía que derrumba los principios básicos que fundamentaban un derecho-garantía declarado existente y reconocido expresamente por el artículo 11.1 LOPJ en desarrollo del artículo 53.1 CE. Concretamente, se trata aquí de indagar en los cambios y su trascendencia y, específicamente, en las facultades de los tribunales, incluido el constitucional, para dictar tales sentencias que hacen tabla rasa de un sistema para sustituirlo sin una clara vinculación a una norma orgánica que prevé otra dirección.

Este es el objeto de esta pequeña aportación que, junto a un breve análisis de las resoluciones judiciales que han dado el paso apuntado, hará también alguna referencia somera a la reforma proyectada, distinguiendo en todo caso entre la conducta de los tribunales, en este momento sometido a la vigencia del artículo 11.1 LOPJ y el futuro que devendría de aprobarse la legislación anunciada.