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Esta labor de creación de Derecho, pues el Tribunal Constitucional parece asumir un papel que le es impropio de creador de derechos, es manifestación de una politización de la Justicia en sentido técnico, pues el uso de criterios de oportunidad y discrecionalidad, característicos del poder político, son asumidos por los tribunales como propios. Si ese cambio de la esencia del sistema se une la presión social que cada día se eleva ante hechos que se airean creando conciencias inquisitivas, las fuertes demandas de los medios de comunicación, el uso de la Justicia por los partidos políticos judicializando la política, atribuirse competencias expuestas a tales factores es asumir un riesgo extremo que lleva, inexorablemente, a que desde la política se quiera controlar un poder que interviene en el juego político al no someterse estrictamente a la ley y aportar soluciones que le hacen perder su imparcialidad.

Tal vez ahí está la razón de los cambios profundos. El de los mismos valores constitucionales.